El contador telegestionable tiene una característica que es extremadamente perjudicial para el usuario, si, como es el caso, el organismo oficial encargado de controlar la correcta utilización de dichos contadores pertenece a una Administración controlada por un Gobierno cómplice de las compañías eléctricas.

Dicha característica es que el firmware (instrucciones software alojadas en la memoria del contador, que dicen a éste lo que tiene que hacer en cada momento) es modificable desde el centro de control de la compañía eléctrica, lo cual permite la siguiente manipulación fraudulenta:

1. Desde el centro de control, la compañía eléctrica añade al firmware del contador una instrucción que hace que los kWh mostrados en el display del contador, que son los facturados al usuario, sea la lectura real multiplicada por un factor (por ejemplo, 1,50, lo cual haría que el contador marcara un consumo 50% superior al real). Dicha instrucción permanece en el firmware mientras el usuario no solicite a la Delegación Territorial de Industria la verificación del contador.
2. Un usuario detecta que el contador marca muchos más kWh de los realmente consumidos y solicita su verificación a la Delegación Territorial de Industria.
3. La Delegación Territorial de Industria requiere a la compañía eléctrica para que levante el contador y lo entregue en el Laboratorio Oficial de Verificación (caso de Andalucía) o al inspector de la citada Delegación que estará presente en el levantamiento, que será el encargado de entregar el contador en el citado laboratorio (caso del País Vasco).
4. Antes de proceder al levantamiento del contador, la compañía eléctrica elimina del firmware la instrucción fraudulenta.
5. El Laboratorio Oficial de Verificación certifica que el contador funciona correctamente, lo devuelve a la compañía eléctrica, para que lo reinstale y cobra al usuario los gastos de verificación.
6. La compañía eléctrica reinstala el contador y vuelve a añadir al firmware la instrucción fraudulenta. En teoría, todas las modificaciones del firmware deben quedar registradas, pero ¿quién cree que un Gobierno que utiliza desde hace treinta años el BOE para cometer una estafa que lleva reportados más de 5.400 millones a las compañías eléctricas, va a permitir que un organismo a su mando investigue una reclamación que pudiera dejar al descubierto que el motivo de la sobrefacturación es una manipulación fraudulenta del firmware del contador.

¿Alguien puede llegar a imaginarse las reacciones sociales que provocaría un informe oficial que certificara que las compañías eléctricas manipulan a distancia la lectura de los contadores?